La industria de la construcción es una de las más relevantes para el desarrollo del país. Genera directamente 5.8 millones de empleos, lo que representa el 13.3% del total; mientras que indirectamente arroja una canti­dad de 2.9 millones de plazas.

Además, contribuye con el 6.3% de la riqueza originada por actividades productivas. Esto de acuerdo al documento Retos de la infraestruc­tura en México 2013-2018 presentado por el presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el ingeniero Luis Zárate Rocha.

En cuestión de infraestructura, México se encuen­tra en el lugar 68, muy por debajo de Hong Kong, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos. Mientras que por encima de Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. Esto basado en sus carreteras, ferroca­rriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones e instalaciones de suministro eléctrico.

Para mejorar la posición de la nación en un pla­zo de ocho años al nivel 25, la CMIC propone tomar una serie de medidas, y evitar otras tantas.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, consciente de la responsabili­dad de su liderazgo en el sector, reitera que para ser competitivo, México requiere de más y mejor infraestructura. Para lograrlo es necesario incrementar la inversión e instrumentar políticas públicas integrales que impulsen el crecimiento económico como factor esencial para la com­petitividad y una mejor calidad de vida.

Las 10 mil empresas afiliadas a la CMIC, a través de sus 43 delegaciones en todo el país, genera em­pleos directos e indirectos para más de 8.4 millones de mexicanos; por ello planteamos una nueva visión de Estado fundamentada en propuestas es­tratégicas para detonar el desarrollo sustentable que la población requiere en el documento Retos de la infraestructura en México, 2013-2018.

Hasta ahora, todo se ha proyectado con una vi­sión de corto plazo, que se ha limitado a tratar de solucionar las coyunturas; de ahí la importancia de emprender proyectos de gran visión y largo alcance en infraestructura para el país; así como reformas estructurales que sean capaces de de­tonar las políticas industrial, fiscal y social.

Paralelamente, es imprescindible generar las condiciones propicias que nos permitirán, con la aprobada Ley de Asociaciones Público-Privadas, su reglamento y lineamientos; así como la apro­bación, en su momento, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, las inversiones necesarias en favor de la producti­vidad y el empleo.

 

Por: María Luisa López T.

Para consultar este artículo completo, busca en todos los Sanborns del país nuestra edición de Junio-Julio.