Contar con una casa digna es un deseo de cada familia mexicana y un derecho establecido en la Constitución Política Mexicana. Sin embargo, la falta de recursos, de un historial crediticio o bien, las mismas condiciones laborales no les permite ser candidatos para la adquisición de un bien inmueble.
Es por ello que la administración del Gobierno Federal en apoyo con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), implementó la Política Nacional de Vivienda, que tiene como objeto promover el desarrollo sustentable de este sector, así como la mejora de las viviendas urbanas y rurales.
Dada la problemática social que representa el hecho de que cientos de trabajadores y padres de familia no cuenten con acceso a prestaciones de ley para obtener una casa propia; el Gobierno de Enrique Peña Nieto impulsará una política de Estado, la cual será regulada por la recién implementada Sedatu a cargo de Jorge Carlos Ramírez Marín.
De acuerdo con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la construcción (CMIC), el ingeniero Luis Zárate Rocha, dicha propuesta está orientada a la construcción de viviendas verticales íntegras, con los servicios necesarios, con dos recámaras y dos espacios; pero también permitirá la mejoría de las condiciones de ciudades y comunidades y colaborará con el crecimiento del patrimonio de las familias que ya cuenten con uno, a través de la ampliación y mantenimiento. Además de beneficiar a las instituciones financieras acreedoras.
Lo destacable es el fortalecimiento de la demanda mediante la ampliación de productos hipotecarios orientados a las fuerzas armadas, policías y demás trabajadores que no se encuentren afiliados al Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) o al Fovissste (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), lo que arroja un aproximado de 2.5 millones de empleados que tendrán acceso a dicho sistema.
Considerando la transición actual del bono demográfico, se espera que en México cada año se formen más de 840 mil hogares. A su vez, la oferta de viviendas ofrecerá en este año 500 mil nuevos inmuebles.
Durante este proceso, el crédito por parte de la banca privada jugará un papel importante para mejorar la liquidez, el desarrollo económico, social y ambiental de la industria.
Además de esto, el periodo de transición de la nueva política gubernamental se llevará de forma gradual en un transcurso de dos años y se espera que para el año 2014 se den a conocer las reglas de operación; con lo cual se genera certidumbre a un largo plazo.
Cabe señalar que este programa público se regirá por cuatro fundamentos:
La Sedatu será exclusivamente la encargada de coordinar este proyecto, de presidir la Comisión Intersecretarial de la materia y de alinear a los demás Organismos Nacionales de Vivienda (Conavi, Corett y Fonhapo), a los gobiernos y autoridades municipales. Lo que mejora la eficacia de las instituciones.
Promover el desarrollo ordenado y sustentable de la materia, así como la mejora de las condiciones de infraestructura metropolitana y rural, como es el caso de servicios básicos, transporte, entre otros.
Disminuir el rezago habitacional de casi nueve millones de residencias mediante el impulso de un millón de acciones de lotificación, construcción y ampliación.
Procurar una vivienda digna para los mexicanos con más de 320 mil acciones de mejoramiento, entre las que se encuentra mayor acceso a los créditos y subsidios hipotecarios. En cuestión del campo, se espera la realización de alrededor de 97 mil acciones de mejora de hogares.
Por: Sergio Sánchez
